
Torrevieja, un centro turístico en la provincia de Alicante de España con una población de 82,000 habitantes, tiene la intención de convertirse en «la primera ciudad amigable con las criptomonedas en Europa» al permitir que sus tiendas acepten criptomonedas.
El pasado 6 de febrero, la web oficial de la administración torrevejense anunció el «ambicioso proyecto de transformación digital» de la ciudad, una colaboración entre la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja y la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja.
Para transformar Torrevieja en una ciudad amigable con las criptomonedas en Europa, el gobierno local y las empresas digitalizarán el comercio local utilizando la tecnología blockchain.
La primera fase «se centrará en promover el comercio» a través del uso de criptomonedas en las transacciones, permitiendo a los clientes pagar productos y servicios con criptomonedas y «otros criptoactivos».
En otras dos fases, la ciudad tratará de recuperar «espacios naturales» y promover la creación de nuevos puestos de trabajo y la financiación para las empresas del sector tecnológico.
La concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, expresó su esperanza de que las medidas incentiven a los propietarios de criptomonedas. Asimismo, ha indicado que la Universidad de Alicante pondrá en marcha cursos especiales de pago digital para comercios locales.
El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes, Jorge Almarcha, destacó que «en España, desde 2015, es legal pagar con criptomonedas», pero no se ha intentado democratizar los pagos digitales.
Ni Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda tiene curso legal en España. Sin embargo, el país sigue estando relativamente abierto a la industria de las criptomonedas. El número de empresas de criptomonedas registradas oficialmente para operar en España creció aproximadamente un 56% en 2023. El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial después de Estados Unidos, Canadá y Australia por su número de cajeros automáticos de Bitcoin, con 309 máquinas.
El gobierno español también ha estado preocupado por recaudar impuestos a sus poseedores de criptomonedas. Incluso los residentes que posean criptoactivos en plataformas no españolas tendrán que declararlos antes del 31 de marzo en virtud de las nuevas leyes que rigen la tributación de los activos digitales.
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